La mayoría de las personas pueden buscar de parte de sus gobiernos la garantía de que sus derechos básicos sean respetados así como asegurar su seguridad física. Pero en el caso de los refugiados, el país de origen ha probado ser incapaz o no muestra su disposición de proteger tales derechos. Así, el ACNUR ha recibido el mandato de asegurar que los refugiados sean protegidos en el país de asilo, asistiendo a los gobiernos en la medida de los posible a cumplir con esta tarea.
El ACNUR no es (ni tiene intenciones de ser) una organización supranacional. Por lo tanto, no puede sustituir la protección inmanente de un Estado. El papel principal del ACNUR es asegurarse que los Estados están al tanto de sus obligaciones para con los refugiados y solicitantes de asilo y acaten dichas obligaciones.
Así, los Estados tienen la obligación de no expulsar ni devolver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr peligro, comprendido, claro está, el mismo país del cual huyen.
Los Estados tampoco deben establecer discriminaciones entre grupos de refugiados. Por el contrario, deben garantizar el acceso de los refugiados a sus derechos económicos y sociales, al menos, en el mismo grado en que los extranjeros residentes en el país de asilo lo hacen.
Finalmente, los Estados tienen la obligación de cooperar con el ACNUR. Y, por razones humanitarias, deben permitir la admisión de al menos el cónyuge y los hijos dependientes de cualquier persona a quien se le haya reconocido el estatuto de refugiado.
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